El procurador autonómico, Fernando Rodero, ha tildado de “presunta estafa” la actuación de la Consejería de Familia en materia de dependencia, después de saberse que  “4.105 personas dependientes y fallecidas  entre los años 2007 y 2011, según el Tribunal de Cuentas, fueron declaradas como personas dependientes vivas”.

De acuerdo con el parlamentario del PSOE, el Tribunal de Cuentas constató “falta de comunicación” de esas muertes por parte de la Junta de Castilla y León a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que se ha producido una “financiación indebida” de 19,3 millones de euros”.

Rodero ha denunciado que “en multitud de ocasiones el Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado públicamente y en sede parlamentaria las gravísimas deficiencias del sistema informático utilizado”.

Ahora, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha otorgado un plazo de seis meses a la Junta “para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia”.

Al respecto, el PSOE se ha comprometido a “pedir cuenta de esta regularización y seguir de cerca los pasos de la consejería”.

Cambios necesarios
La vicesecretaria de Política Social del PP, Ángeles Ortega, ha respondido explicando que el sistema de información de las comunidades al Estado se está modificando “para que no aparezcan errores de duplicación que han dado lugar a esas confusiones, que el señor Rodero debería conocer y contrastar, para no hacer de nuevo lo de siempre, criticar la gestión de la Ley de Dependencia en Castilla y León cuando toda el país nos toma como modelo y nos felicita por nuestros resultados”.

Lamenta que el PSOE no haya apoyado a los dependientes de la provincia ni una sola vez, “ni reconocer los esfuerzos de Castilla y León, ni siquiera cuando todos los informes de expertos sitúan a la Comunidad como la que mejor aplica la Ley de Dependencia”.

Según Ortega, “nadie, ni familiares, ni dependientes ni la propia Administración se han beneficiado de pagos indebidos”, gracias a los sistemas de control, que “es tan riguroso, que periódicamente se revisan las situaciones de todos los solicitantes, y si en algún momento se ha dado esa circunstancia, se solicita el correspondiente reintegro”.

Desde el PP se destaca que las reformas estructurales en esta ley obedecen a que nació con muchas deficiencias y para garantizar su sostenibilidad, porque cuando el PSOE dejó el Gobierno se encontró con un sistema “colapsado, con una lista de espera en el territorio nacional de un 30 por ciento, algo que no ocurría en Castilla y León por su excelente gestión”.

Ortega critica que el Gobierno socialista “suprimió, sin previo aviso, la retroactividad para todos los beneficiarios, independientemente de que recibiesen servicios o prestaciones económicas, lo que ha supuesto para ellos una pérdida de ingresos hasta el momento de 30 millones de euros en Castilla y León”, al igual que “abrió la vía del aplazamiento hasta cinco años del pago de la retroactividad”.