Junto a las rúbricas han adjuntando un escrito al Ministerio de Fomento instando a derogar el real decreto de 2012 que sirvió para legalizar la concesión tras la sentencia que la declaró ilegal, y han pedido al subdelegado una reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.

También le han entregado la documentación recibida desde la Comisión Europea, en la que se explica que la concesión termina en 2024, cuando tendrá que hacerse otra adjudicación por siete años. En todo caso, la decisión la debe adoptar el Gobierno en noviembre de 2019.

“Esto supone una auténtica penalización y un perjuicio”, ha dicho Ángel Zancajo, el portavoz, quien ha demandado que el Gobierno derogue el real decreto y adopte medidas que “se ajusten a la realidad” para evitar que el peaje se prolongue hasta 2031.

Según la plataforma, el subdelegado les ha dicho que intentará favorecer a Ávila desde un camino estrictamente legal y dentro de una neutralidad absoluta.