Se trata de las localidades de Salvadiós, cuya alcaldesa es Mercedes Hernando, del PP; Gemuño, gobernada por Francisco López, del PP; Tórtoles, regida por Florencio Orgaz, del PP, y Bonilla de la Sierra, cuyo alcalde es Honorio Rico, que además es diputado provincial.

En las preguntas remitidas al Gobierno por Mulet por la situación en la que se encuentran estos pueblos, el senador plantea: "¿Qué medidas va a adoptar en cada caso concreto? ¿Va a dirigirse directamente a quien ostenta actualmente la alcaldía? ¿Piensa trasladar este caso a la Fiscalía General del Estado o emprender otras acciones judiciales?".

Según el parlamentario del partido valencinao, “la falta de sanciones y ambigüedad de la ley ha hecho imposible actuar en los juzgados contra los incumplidores”.

En respuesta a la pregunta parlamentaria, el Gobierno ha respondido que "al Ministerio de Justicia no le consta expediente administrativo al efecto". Y señala que tal y como expuso la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su comparecencia del 11 de julio "es intención de este Gobierno llevar a cabo una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica -Ley 52/2007, de 26 de diciembre- para entre otras cosas, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos".