Según ha señalado San Cristóbal, ha dado este paso para que el también diputado del PP por Ávila "no pueda argumentar que desconoce la realidad del alcalde" de este pequeño municipio, Andrés Herranz.

"Si los populares de Ávila no toman cartas en el asunto, debe ser él, como máximo responsable del partido que, además, presume de su cargo como diputado por nuestra provincia, el que no cierre los ojos ante las irregularidades que comete un alcalde de sus siglas políticas", ha argumentado el portavoz socialista.

En este sentido, ha tachado de "incongruencia" el hecho de que "una persona sancionada por incumplir la normativa que implica la adquisición de una vivienda de protección oficial y que ha sido condenado por un delito contra las instituciones del Estado, pueda seguir al frente de un Ayuntamiento".

"El tener una cierta posición política no da derecho a incumplir la ley ni a aprovecharse para obtener beneficios personales", ha sostenido Antonio San Cristóbal, quien señala que "esto es lo que lleva haciendo, desde hace muchos años, el alcalde de San Juan del Molinillo, en clara connivencia con el PP, que no toma ninguna medida y se dedica a mirar hacia otro lado".

Para San Cristóbal, el alcalde "se ha aprovechado de su cargo para obtener ciertos privilegios y con ello ha perjudicado a otras personas", lo que en su opinión resulta "inaceptable".

El fallo

El pasado mes de mayo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Ávila condenó al regidor como "autor responsable de un delito contra las instituciones del Estado", ya que en su momento ignoró las peticiones de la institución del Procurador del Común.

Ese fallo revocaba parcialmente la pena de dos años de suspensión de empleo o cargo público, dictada en diciembre de 2017 por el Juzgado de lo Penal número 1, tras el recurso de apelación presentado por el regidor.

La sentencia emitida en mayo rebajó de dos a un año la suspensión de empleo o cargo público para el cargo de alcalde, así como de 5.400 a 1.080 euros la multa puesta inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ávila.

El juez de lo Penal consideró que el alcalde "obstaculizó la investigación de los expedientes incoados por el procurador del Común (...), negándose y haciendo caso omiso a los requerimientos recibidos" y que en su momento fueron 32 cartas.

Este procedimiento deriva de la denuncia formulada en su día por el PSOE, que fue trasladada al Procurador del Común, en relación con la supuesta adjudicación de viviendas de protección oficial a tres personas que no residían en este pueblo.