El PP ha criticado que fue el Gobierno socialista quien adjudicó la concesión de la línea y quien ha creado el problema, mientras que el PSOE deja ver que el concurso fue adjudicado por el Gobierno de los populares.

“Fue el Gobierno de Pedro Sánchez, y no el PP, quien adjudicó el contrato de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre Cáceres y Madrid, que es la línea que afecta al Valle del Corneja”, por lo que exige al PSOE que asuma su responsabilidad y “no eche balones fuera en un asunto de su total competencia, al tratarse de una línea que transcurre entre autonomías”.

Los populares recuerdan que el PSOE ya gobernaba cuando se adjudicó el contrato, el 2 de julio, y cuando posteriormente se formalizó, con fecha 27 de julio de 2018, como figura en el Boletín Oficial del Estado del 9 de agosto.

Desde el PP se “lamenta el desconocimiento y la falta de trabajo y de voluntad del Gobierno”, ya que “es habitual que desde que se adjudica el contrato hasta la fecha de su formalización, del 2 al 27 de julio, el Ministerio de Fomento trabaje con la empresa concesionaria para la puesta en marcha del mejor servicio, como ya se ha hecho en otros casos, cuando gobernaba el PP, como la línea del Valle del Tiétar y de Cebreros”,

Mientras tanto, el secretario provincial socialista, Jesús Caro, acusa al PP de “desinterés” ante la situación enerada en la comarca de Barco-Piedrahíta ante el proceso de licitación y adjudicación de la línea regular de autobuses que conecta a los municipios de esta zona con la capital de la provincia y con Madrid.

Caro ha recordado al presidente del PP, Carlos García, que el pliego de condiciones “se redactó, se aprobó y se sacó a concurso durante el periodo de Gobierno del PP, dejando su adjudicación al descubierto los planes que esta formación política tenía para el transporte público de esta comarca”.

Ahora el responsable de los socialistas confía en el “buen hacer” de los nuevos responsables del Ministerio de Fomento que, en coordinación con la Junta de Castilla y León, están trabajando para ofrecer “una alternativa a los habitantes de la referida zona que cumpla con sus demandas y reivindicaciones”.