Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se trata de modificaciones "no sustanciales en la fábrica de vehículos a motor, ubicada en el término municipal de Ávila", para adaptar la planta actual a las necesidades futuras de la multinacional japonesa.

El acuerdo adoptado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, supone la modificación de la Orden de 30 de mayo de 2008 de este mismo departamento, por la que "se concede autorización ambiental para la instalación de fabricación de vehículos a motor (...) como consecuencia de las modificaciones no sustanciales".

Se trata de aspectos relacionados con "la protección del medio ambiente atmosférico" y con la "protección y gestión de residuos", a raíz del plan de transformación cuya presentación tuvo lugar a principios del pasado mes de mayo.

Ese acto contó con la presencia de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el vicepresidente de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, José Vicente de los Mozos.

En enero

Según los anuncios realizados en aquel momento, está previsto que en enero de 2019 se inicien las obras de construcción de la nueva nave de estampación, soldadura y pintura, que contará con una superficie de 23.000 metros cuadrados.

Además, se espera que comience la rampa de producción de estampación en el primer trimestre de 2020, antes de la apertura de la nueva actividad de la planta, después de que en septiembre del próximo ejercicio se deje de fabricar vehículos industriales.

Junto a estas instalaciones, también está previsto construir otra planta de logística y distribución en el Polígono Industrial de Vicolozano, a unos 10 kilómetros al este de la ciudad, con unas dimensiones de 70.000 metros cuadrados.

Además, Herrera comentó que la unidad de almacenamiento prevista en Vicolozano servirá para el futuro parque de proveedores.

Contra la orden aprobada ahora por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente cabe la posibilidad de interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes u otro contencioso-administración ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.