Esta formación considera la propuesta de retirada de las placas en las viviendas sociales de las calles Reina Isabel, Cuartel de la Montaña y avenida de la Inmaculada como un "nuevo intento de falsear y ocultar la historia”, algo a lo que les tienen “acostumbrados desde hace tiempo todos los representantes políticos, sin excepción".

El presidente provincial, Germán Sánchez, califica de “despropósito” este cambio en la nomenclatura, porque “obligará a los residentes de las mismas a realizar numerosos trámites burocráticos y administrativos ante numerosas entidades públicas y empresas privadas para adaptarse a la nueva situación, motivados por una decisión de carácter político, alejada de los intereses reales de la población”.

Críticas a PP y Cs

Una decisión para la que en su opinión “no existía clamor en la sociedad”, además de estar “sometida al arbitrio de la redacción de una ley -de Memoria Histórica- y de su interpretación por parte de los responsables públicos, llegándose a dar la paradoja de que son PP y Ciudadanos quienes lo aprueban, absteniéndose el resto de grupos de izquierdas, excepto Izquierda Unida, que vota en contra”.

Por otra parte, Sánchez cree que la Ley de la Memoria Histórica es “una ley revanchista y sectaria", a la vez que solicita que "no se juzguen ahora actos pasados”, teniendo en cuenta que la sociedad “disfruta de la democracia gracias a la transición y a la Ley de Amnistía de 1977".

"Retrotraer la aplicación de esta Ley al 18 de Julio de 1936 es dejar fuera de la misma arbitrariamente el asesinato de José Calvo Sotelo, producido sólo unos días antes, o el golpe de Estado perpetrado por el PSOE en Octubre de 1934, conocido por todos como ‘Revolución de Asturias’ puesto que sólo llegó a tener relativo éxito en esa comunidad y en Cataluña, donde también se levantó ERC contra el orden republicano legalmente constituido, además de los numerosos asesinatos contra católicos producidos en los meses anteriores al levantamiento; o las incendiarias declaraciones de los dirigentes socialistas incitando a la revolución con violencia", ha argumentado VOX.

Desde su punto de vista, “después de estas reclamaciones de carácter político, vendrán otras de carácter religioso, como ocurrió con la Cruz de Callosa del Segura (Alicante)”.

En este contexto, estima que “no es deber de los políticos juzgar la historia, ya que esta debe quedar para el estudio y la interpretación de los historiadores".

A su juicio, la Ley de la Memoria Histórica es una ley que “pretende hablar de vencedores ideológicos, de buenos y malos, poniendo en este caso como vencedores morales a los del bando republicano y como indignos no merecedores de reconocimiento, a los que lucharon en el bando nacional”.

“Es justo recordar”, afirma, “que esto no fue una simple asonada militar, de las más de 200 acaecidas en los siglos anteriores, incluyendo la Guerra de Sucesión y las tres guerras carlistas, que fueron igualmente guerras civiles, sino que media España, harta de la persecución ideológica y religiosa en época de la II República, no encontró otro camino que el mismo que le habían marcado los propios dirigentes socialistas, puesto que el camino democrático quedó destruido por los numerosos fraudes y abusos cometidos por el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936".