Las ideas están justificadas en que el plan de inclusión social finalizó en 2015 cuando en la actualidad uno de cada cinco vecinos se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, según el informe Arope de 2017 sobre el estado de la pobreza, datos que coinciden con el informe de la consultora AIS Group, que refleja que a nivel municipal el 19,4% de los vecinos viven en riesgo de pobreza y exclusión, según ha explicado Óscar Jiménez, responsable local de la formación morada.

En ese plan quieren incluir “mayor número de casas de propiedad municipal para alquiler a familias vulnerables”, ya que en la actualidad en la capital sólo hay ocho, “insuficientes para las necesidades de la ciudad”. También consideran que hay que revisar las normas de procedimiento para la adjudicación de viviendas, ya que las actuales son de 2003.

Respecto al fomento del alquiler, la propuesta de Podemos es un programa municipal que “anime a los propietarios a alquilar las viviendas vacías y facilite el acceso a la vivienda a los vecinos”, ante unos “datos preocupantes”.

Jiménez ha subrayado que es la capital con mayor porcentaje de viviendas vacías de toda España, según datos del Censo de Población y Vivienda del INE en 2011, que son últimos disponibles, según los cuales de 34.465 viviendas en la ciudad, 8.189 están sin ocupar (23,8%), de las que casi la mitad son nuevas.

Otra “estadística llamativa” es que el 15% de los trabajadores ya están en riesgo de pobreza según el indicador AROPE de la estrategia Europa 2020 publicada por el INE.

A esto, se suma el “fracaso” del programa de fomento del alquiler desarrollado por la Junta de Castilla y León, que “a día de hoy no cuenta con viviendas disponibles en Ávila”.

Podemos incluye en la propuesta los beneficios y requisitos para arrendadores, viviendas y arrendatarios, como que al inquilino se le permita obtener una vivienda digna a un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos, donde el Ayuntamiento abonará hasta el 25% del precio del alquiler pactado.

Como beneficios para los arrendadores proponen  un seguro multirriesgo del hogar a cuenta del Ayuntamiento, compensación en el IBI, el certificado de eficiencia energética (CEE), tramitado y costeado por el Ayuntamiento o la financiación al 0% de hasta 5.000 euros de los gastos necesarios para adecuar la vivienda.

Proponen que, entre los requisitos para los arrendadores, se firme un contrato de cesión de la vivienda al Ayuntamiento por un plazo mínimo de tres años, y que el precio máximo del alquiler no sea superior a tres euros por metro cuadrado al mes, sin superar en ningún caso los 350 euros al mes. Previamente se realizarán las obras de acondicionamiento de la vivienda necesarias para su puesta en alquiler y si, dentro de los tres primeros meses no se alquila la vivienda, se podrá proceder a su devolución.

Como requisitos de las viviendas solicitarían que haya estado vacía en el último medio año, que esté dada de alta en los suministros de agua, luz y gas, y al día en los impuestos, y que la cocina cuente con el equipamiento básico.