Jiménez habla de “falta de control en las concesiones administrativas, retrasos en las convocatorias plenarias e incumplimientos presupuestarios, que incluyen la falta de cierre del ejercicio 2017”.

"El Ayuntamiento de Pedro Bernardo está paralizado y puede tener graves consecuencias para sus vecinos", ha apuntado el portavoz de IU en la institución provincial, quien ha puesto esta situación en conocimiento de la Diputación y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, al considerar que son asuntos “de su competencia”.

En este contexto, y teniendo en cuenta que el PP gobierna el municipio, Jiménez ha pedido a esta formación en la provincia que “tome cartas en el asunto y ponga los mecanismos internos necesarios reactivar el gobierno de un municipio que está incurriendo en numerosos incumplimientos” de los que a su juicio son “víctimas” sus vecinos.

Tras lamentar la situación “de insostenible parálisis institucional", el diputado provincial de IU ha apuntado que el Consistorio se encuentra “sin actividad, sin iniciativas y, lo que es peor, incapaz de cumplir con las obligaciones propias que le marca la ley en cuestiones tan básicas como el calendario de convocatoria de plenos y las que rigen el cierre de los ejercicios presupuestarios".

De todo ello ha culpado al equipo de Gobierno, dirigido por el alcalde, Desiderio Blázquez, a quien ha acusado de hacer “dejación de funciones”.

Plenos

Jiménez recuerda la existencia de un acuerdo plenario en 2015 que fijaba la celebración de plenos ordinarios con periodicidad de dos meses. "El 2017 se cerró con un pleno el 29 de diciembre, cuando el anterior había sido el 16 de julio", ha criticado, para poner de manifiesto lo que considera una situación de “ingobernabilidad”.

De todo ello tiene conocimiento la institución provincial, según ha dicho Jiménez, que también habla del “incumplimiento de compromisos y plazos con la Junta para poner al día la urbanización La Asomadilla, la falta de control sobre concesiones administrativas como las que gestionan las casa rurales o, lo que resulta más grave, el incumplimiento en los plazos que marca la legislación en temas presupuestarios y todo lo que deriva de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales”.
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"Sólo las denuncias cursadas en su momento ante el propio Ayuntamiento y otras administraciones como la Junta y la Diputación obligaron al consistorio a la convocatoria, el pasado mes de abril de un pleno para el debate de los presupuestos", ha apuntado el portavoz de IU, quien señala que dos meses después "todo sigue igual”. “Ni siquiera se ha procedido al cierre del ejercicio presupuestario de 2017", concluye.

Ante esta situación, IU ha reclamado “la intervención” de la Diputación, del delegado territorial de la Junta y el Partido Popular para “poner al día los asuntos pendientes y devolver la gobernabilidad a esta localidad".