Esta entidad considera este concurso como “una de las primeras desafortunadas manifestaciones” en España de la Ley de Contratos del Sector Público. El pliego de condiciones económico-administrativas del concurso solo prevé una reserva en favor de centro especiales de empleo de iniciativa social, por lo que “vulnera gravemente la normativa  de la Unión Europea, ya que su contenido se orienta a una finalidad claramente contraria a los principios de la contratación pública”, como con los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.

La reciente Ley de Contratos del Sector Público ha sido motivada por las Directivas Europeas  2014/23/UE y 2014/24/UE, en las que “nada se dispone sobre la grave diferenciación entre centros especiales de empleo de iniciativa privada y los de iniciativa social”, que aseguran “pone en peligro más de 50.000 puestos de trabajo de personal con discapacidad debido a la manifiesta exclusión en concursos públicos” como el impugnado del Consistorio.

“Únicamente -destacan- se exige  en los contratos reservados que el objeto principal de estas entidades sea la integración social y profesional de personas discapacitadas así como que el 30% de los empleados sean trabajadores con discapacidad.”.

Según la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, estas condiciones “se dan de forma evidente e irrefutable” en todos los centros especiales de empleo, “sin que sea lícito que se establezca una exclusión que sólo tiende a privilegiar a entidades muy concretas, a limitar las posibilidades de empleo de personal con discapacidad y, en definitiva, a deformar todo el sistema de promoción de fomento del empleo de las personas con discapacidad”.

Y aseguran que se “se deja a unas pocas entidades, principalmente vinculadas, de forma directa o indirecta, a ONCE y su Fundación, incluidas las del Grupo Ilunion y Plena Inclusión, en una intolerable situación de privilegio en el acceso a la contratación”.

Los órganos de contratación no pueden ignorar la vulneración del ordenamiento de la Unión Europea, las responsabilidades derivadas de ello, el efecto anticompetitivo de la norma, el daño al interés público al excluir a licitadores que dan trabajo y cuya finalidad esencial es dar trabajo a personas con discapacidad, restringiendo indebidamente la concurrencia.