El diputado provincial Santiago Jiménez dice que “pasados los meses ni se ha cumplido el acuerdo plenario” de septiembre de 2017 “ni se ha cumplido la ley”.

“Entendemos que se está produciendo un incumplimiento flagrante de la legislación desde la propia Administración”, dice en referencia a la ley de 2007, y al reciente decreto de la Junta de Castilla y León 9/2018 del 16 de abril, por el que se regula el reconocimiento a todos los ciudadanos que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática, En el decreto se establece el desarrollo normativo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones que establece la conocida como Ley de Memoria Histórica.

“Agotada la vía política” IU recurre a la vía judicial. “Nos preocupa que sea la Administración quien incumpla la legislación y que sea el presidente del Partido Popular, como vicepresidente de la Diputación Provincial, una de las personas implicadas en el incumplimiento”, según Jiménez.