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El proyecto, revisado por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental, es la modificación puntual número 7 y Plan Parcial del SAU-3 Rajuelos de Arriba, promovido por el Ayuntamiento de la localidad, según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León.

El sometimiento a la evaluación de impacto obedece a numerosos factores, como el tamaño del proyecto, que “puede considerarse de gran tamaño” y que “se produce una acumulación con otros” y “un incremento en infraestructuras y edificaciones de manera notable entorno al municipio de Peguerinos junto a que se encuentra colindante con el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama y con los espacios incluidos en la Red Natura 2000, ZEPA y LIC Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos, ya que “pueden producirse afecciones negativas sobre los hábitats que componen” la red, además de su cercanía con el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial y la proximidad a alguna de sus áreas críticas.

También el hecho de que la construcción de viviendas “consume el recurso suelo de uso agrario por su inutilización definitiva para este uso”, y en este caso “ocupa terrenos cuya vegetación actual predominante son los matorrales de etapas de regresión y las praderas de herbáceas y caméfitos en su totalidad  desarbolados, con varias edificaciones y vías de acceso lo que indica una baja naturalidad”, a lo que se añade “un incremento muy significativo en el consumo de los recursos hídricos de la zona”.

Restos de la guerra
La generación de residuos durante las obras y luego de las viviendas, la posibilidad de contaminación de las aguas, y valorar el impacto sobre el patrimonio histórico al haberse encontrado restos de la Guerra Civil a documentar, son otros factores tenidos en cuenta para que se someta a evaluación de impacto.

El proyecto consiste en la modificación puntual número 7 de las Normas Subsidiarias “con el objeto de variar la delimitación del sector 3 del suelo urbanizable para ajustarlo a los límites topográficos de la zona y el plan parcial del citado sector”, para lo que se incorporan a la superficie inicial, de 235.957,40 metros cuadrados, dos parcelas.

Una de ellas, colindante con el sector por su lado este y con el camino Majalviento por su lado oeste, con una superficie de 18.919,30 metros cuadrados, que “incorpora al sector una vía de comunicación importante como límite oeste, que es el Camino Majalviento, con comunicación directa con la zona norte de la urbanización San Vicente.

Una segunda, de 17.158,06 metros cuadrados, se añade por ser una isla entre el proyecto. Colindante con el sector por su lado suroeste, con la urbanización Las Damas 2-3, por su lado norte y la carretera a Rajuelos de Arriba por la zona suroeste, esta parcela queda rodeada por dos urbanizaciones y una vía de comunicación entre ambas, suponiendo “como una isla de suelo no urbanizable rodeada de servicios urbanísticos por todos sus linderos y, convirtiéndose, de no incorporarse al sector, en una zona completamente aislada del municipio en cuanto a suelo no urbanizable común se refiere, puesto que de la carretera a Rajuelos de arriba hacia el este pasará a formar parte del Parque Natural Sierra de Guadarrama.

De este modo, el proyecto urbanístico pasa de 24,1 hectáreas hasta las 27,2, con lo que aumenta el número máximo de viviendas de 337 a 380, con los mismos parámetros de densidad de las normas subsidiarias, de 14 por hectárea.

Según el proyecto, se trata de “ofrecer continuidad con los ámbitos urbanos vecinos” por el norte, Urbanización Las Damas, y sur, Urbanización San Vicente, este último conectado a su vez con el caso urbano  histórico, situado aún más al sur en la misma ladera de las estribaciones de la Sierra de Malagón. En la actualidad hay 32 edificaciones en al zona y ninguna otra actividad.

“El sector en sí -se indica- no cuenta actualmente con ninguna infraestructura, debiendo realizarse todas nuevas”, y el proyecto contempla los impactos potenciales en el medio y contempla una serie de cambios para evitarlos.

Para elaborar el documento que exige la evaluación de impacto se pidieron informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, los servicios territoriales de Cultura y Fomento, y cinco departamentos del de Medio Ambiente.