La fiscalización, que no deja bien parados a los gestores del ayuntamiento arenense, analiza diversas áreas de la actividad económico-financiera del consistorio, como son la organización, la tramitación presupuestaria, el sistema de información contable y la rendición de la cuenta general.

Entre las limitaciones encontradas en el desarrollo de los trabajos se encuentran las relativas a la falta de determinada documentación y retrasos en su entrega, especialmente en lo referente a la de carácter jurídico administrativo.

A la vez, el informe pone de manifiesto una “evidente” falta de conocimiento y control de las deudas por parte de los responsables de las áreas gestoras.

Así, el Ayuntamiento, en contra de lo previsto por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, carece de relación de puestos de trabajo, pese a contar con una plantilla numerosa (40 funcionarios y más de doscientos trabajadores laborales), si bien el personal asignado a la Intervención y Tesorería “puede resultar insuficiente dada la importancia de estas funciones y la responsabilidad inherente a las mismas”.

El informe también concluye que se produjo el pago en concepto de dietas a los representantes personales del alcalde en los tres núcleos de población separados del casco urbano principal y que habiéndose solicitado justificación para un total de 2.275,06 euros por estos pagos, la misma no fue facilitada.

Con respecto a la contabilidad, el informe señala el desconocimiento de la situación real de lo debido por el Ayuntamiento a proveedores así como de lo adeudado al mismo, principalmente, a través de la gestión recaudatoria efectuada por el Organismo Autónomo de Recaudación, dependiente de la Diputación Provincial.

Con carácter general, “se han deducido debilidades de control relacionadas con la fiscalización de la nómina del personal laboral, habiéndose comprobado que no obran en poder del Ayuntamiento sino de una gestoría los contratos de carácter temporal así como los acuerdos o convenios por los que se regulan”.

El municipio aprobó el presupuesto fuera del plazo legal establecido en los ejercicios 2003 al 2008 y no rindió cuentas hasta la correspondiente a 2008, presentándola ésta fuera de plazo.

Recomendaciones
En opinión del Consejo de Cuentas, para regularizar su situación económico-financiera, el Ayuntamiento de Arenas debe aprobar Relación de Puestos de Trabajo u otro instrumento organizativo similar donde se recojan los aspectos esenciales establecidos por la legislación básica sobre la función pública.

Asimismo, debe efectuar la ordenación de sus Empleados Públicos con criterios de racionalidad, economía y eficiencia, especialmente en lo que al Personal Laboral se refiere, teniendo en cuenta que el desempeño de tareas predominantemente burocráticas debe ser desempeñado por funcionarios.

Específicamente, añade el informe, “debe existir una adecuada estructura administrativa en la Intervención Municipal, con una dotación de medios humanos suficiente para ejercer las funciones inherentes al control y a la contabilidad, con separación de los actos o funciones de gestión, que corresponden a las Áreas”.

Además, según el Consejo de Cuentas, las retribuciones del personal laboral deben ajustarse a lo previsto por los convenios de carácter general o sectorial correspondientes.
Igualmente, debe producirse el cumplimiento de los plazos referentes a la aprobación del Presupuesto, la Liquidación y la Cuenta General, así como a la rendición de esta última al Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Asimismo, agrega, “resulta indispensable la llevanza de un registro y control de las facturas que permita un control riguroso de las obligaciones del Ayuntamiento, eludiendo documentos sustitutivos que no cumplan con los requisitos reglamentarios, y que permita atender los plazos de pago establecidos por la reciente modificación de la normativa reguladora de las medidas de lucha contra la morosidad”.

Junto a ello, “debe producirse una estricta presupuestación, especialmente en lo que a los ingresos se refiere, de forma que se mejoren los grados de ejecución y no se generen expectativas ficticias, sino ajustadas a las posibilidades reales de obtención de ingresos en todos los capítulos del presupuesto”.

El PSOE, que gobernó en la anterior legislatura en coalición con IU y encargó la auditoría  ahora conocida, ha expresado su plena disposición a colaborar con el actual equipo de Gobierno municipal, con el fin de cumplir desde el consenso con las recomendaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León.