El programa de acogida, que se inició hace dos años, cuenta con refugiados que deriva el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre los que también hay, entre otros, de Cuba, Albania, Congo y Sri Lanka.

Empezó con 16 personas y tres centros de acogida y ahora cuenta con siete. El año pasado se atendió a 73 personas (34 mujeres y 39 hombres) de 12 nacionalidades, según se ha conocido en una reunión de coordinación en la que han participado todas las instituciones y entidades implicadas, como Ayuntamiento de la capital, Diputación, Junta, Guardia Civil, Policía Nacional y Subdelegación del Gobierno.

Cada refugiado que llega pasa por cuatro fases: evaluación, acogida temporal, integración y autonomía temporal, con una duración de año y medio ampliable a dos años en situaciones de vulnerabilidad, según ha explicado el presidente de Cruz Roja, Gonzalo González de Vega.

Desde recién nacidos a personas en edad jubilación integran el colectivo de refugiados, a los que se atiende con un itinerario individualizado de intervención. Quienes no tienen medios entran en el programa, que durante los seis primeros meses residen en un centro de acogido, donde reciben atención psicológica, asistencia jurídica, traducción e intervención social, y participan en el aprendizaje del idioma y talleres para que “conozcan la sociedad en la que van a vivir”, según ha detallado Beatriz Vaquero, responsable del programa en Cruz Roja.

Se quedan

Después de ese medio año viven en centros o pisos alquilados. No hay un perfil de los refugiados que llegan a Ávila, ya que hay tanto lo que están solos, son una familia monoparental o más amplia con incluso abuelos. “La inmensa mayoría, cuando llegan, se quedan en la ciudad, y los que se cambian es por motivos laborales o porque tienen familia en otro lugar”, ha manifestado.

La subdelegada del Gobierno, María Ángeles Ortega, que ha felicitado a Cruz Roja, ha señalado que la coordinación entre las diferentes instituciones “resulta clave para conseguir la acogida e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional”.

En el caso de la Administración del Estado, ha prestado ayuda a los refugiados en la homologación de títulos académicos, la tramitación de altas en la Seguridad Social y, desde la Unidad de Extranjería de la Policía, las solicitudes de protección internacional, de las de asilo a menores de edad, de las notificaciones de cambio de domicilio y de las de reunificación familiar.

La subdelegada ha destacado que “cualquier persona, aunque al día siguiente se marche, tiene la obligación de quedar registrada”.