Así se lo ha dicho el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, a representantes de CCOO, en un encuentro mantenido el jueves.

Como el sindicato -que fue junto a la asociación ecologista Centaurea quien recurrió ante el tribunal europeo- considera que la única concesión es la de hace 50 años, y que por tanto concluyó el pasado 29 de enero, se plantean recurrir a la vía judicial ante lo que consideran un “atropello”.

El secretario provincial de CCOO, Óscar García Barroso, que acudió a la reunión en el Ministerio de Fomento con el secretario regional del sindicato, Vicente de Andrés, ha manifestado que si el pasado lunes terminó la concesión, a partir de ese día la situación de las autopistas es de “alegalidad”.

Ha recordado que la prórroga concedida en 1999 a Iberpistas para seguir explotando durante 32 años más la AP-6, a condición de construir la AP-51, en Ávila, y la AP-61, en Segovia, fue recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en abril de 2010, que les otorgó la razón y declaró ilegal la prórroga de la concesión, si bien esto ha sido negado por el diputado del PP José Ramón García Hernández.

Cumple con el fallo

Según el secretario de CCOO, el Ministerio de Fomento considera que cumple con el fallo del alto tribunal europeo con la aprobación en 2012 del Real Decreto 525, que rebaja en siete los años de la concesión, que inicialmente oscilaba entre 2031 y 2036.

Por ello, el director general de Infraestructuras ha comunicado que la reducción de siete años sitúa el fin de la concesión entre 2024 y 2029.

Sin embargo, para el sindicato, aquel real decreto no tiene validez, ya que la decisión se adoptó sobre otra decisión declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tras el recurso de hace casi dos décadas, Comisiones cree que es “un orgullo” que el Ministerio de Fomento reconozca su “persistencia”, si bien critican al Gobierno porque no adopte una postura de “negociación” y eliminen cualquier expectativa de que el peaje pueda desaparecer antes de esas fechas.

También lamentan que el “lastre” que implica el peaje para Ávila suponga para la empresa concesionaria “178.000 euros diarios de beneficio”.