Se trata de la principal conclusión de la reunión mantenida por María Ángeles Ortega y representantes de la plataforma, según ha explicado el portavoz, Julio Huerta, quien ha lamentado que sólo hayan hablado con la senadora del PSOE, María del Carmen Iglesias, pero no con los parlamentarios populares.

Tras la manifestación convocada por la plataforma para exigir el fin de los peajes, la intención es que las tres proposiciones no de ley presentadas en las Cortes de Castilla y León, y que “contienen coincidencias fundamentales, se fusionen en una sola para dar mayor eficacia a la propuesta” para que las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 “pasen a ser pasen a ser autovías gestionadas por el Estado”.

Según la plataforma, ante la sentencia europea que anuló la adjudicación de la AP-51 y AP-61, la concesión de 1968, la de la AP-6, “ha expirado el 29 de enero”. De todos formas, quieren que el Gobierno diga cuando acaba la concesión. Con motivo de la visita del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se afirmó que termina el 28 de noviembre de 2029.

También han insistido, según Huerta, que “la actual situación de los peajes es un lastre para Ávila”, porque “perjudica a los trabajadores en los desplazamientos a los lugares donde tiene su empleo, fuera de Ávila, y es un obstáculo para el desarrollo económico de la provincia”.

A la vez, han subrayado que “la Administración pública es más eficaz que la privada en este tipo de vías cuando se presentan problemas derivados de las nevadas”, como en el reciente temporal, cuando la carretera N-VI, de titularidad y gestión pública, “a pesar de las mismas circunstancias climatológicas adversas se encontraba esos días en condiciones mucho mejores que la AP-6”.