La primera moción, presentada también en el Ayuntamiento de Ávila durante el pleno de enero, solicita que en los procesos de contratación con medios de comunicación, se incluyan cláusulas sociales que prioricen aquellas publicaciones que no contengan anuncios que fomenten la violencia de género y la prostitución.

Además, se negarán subvenciones a los medios de comunicación que sí contengan este tipo de información, se instará al Gobierno y a la Junta de Castilla y León a promover un marco normativo que impida a los medios de comunicación lucrarse con la explotación sexual.

Todos los grupos han mostrado su acuerdo. Ciudadanos ha mostrado su apoyo a aquellos medios locales y provinciales que cumplen “con la legalidad vigente”; UPyD aportaba datos con los 4 millones de mujeres y jóvenes que son vendidas y utilizadas; IU se mostraba en contra de la violencia de género y dispuesta a participar en cualquier medida que contribuyera a su erradicación y el PP se mostraba de acuerdo en eliminar “prácticas que cosifiquen a la mujer”.

La segunda moción se refería al reconocimiento de la Educación Social como una profesión que cubre necesidades y demandas de la ciudadanía y “genera cambios sociales a través de la educación”, según consta en la Exposición de Motivos.

Además se instará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social y se trasladará el acuerdo al Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales y al Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León.