La moción se someterá a debate en el pleno de enero de la institución provincial y en el Consistorio; en ella se insta a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a reconsiderar su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.

El concepto fue introducido en el Código Penal en el año 2015 como medida para no renunciar a la “reinserción del penado”: una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal valoraría las circunstancias y el delito cometido, revisando su situación personal.

El Grupo Popular defiende que la prisión permanente revisable es un instrumento que existe en muchos países y con gobiernos de “todo tipo de corte político”, porque se trata de una figura “coherente”, que se enmarca en un modelo de “garantías” y tiene “perfecto encaje penal”.

Para los populares, si la pena de prisión permanente cuenta con una revisión y posibilidad de reinserción social, se aleja la “inhumanidad de esta pena”, pues garantiza un “horizonte de libertad para el condenado”.

Si no se dan las circunstancias para que el penado pueda recuperar la libertad, se establece un plazo para una nueva revisión; si se cumplen las condiciones, se establece un plazo de libertad condicional.

Varios grupos parlamentarios han presentado un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en 2015, lo que “no supone pronunciamiento” por parte de la institución, aunque se pretende “la derogación de la medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional”.

En 2016 se aprobó por mayoría (abstención de Ciudadanos y voto en contra del Partido Popular) una Proposición No de Ley para derogar la pena de prisión permanente revisable.

El Partido Popular en Diputación considera que son muchos los ciudadanos que apoyan la pena de prisión permanente revisable como medio de garantizar la “seguridad”, “derechos” y “libertades”.