Los vigilantes de la muralla, de Seguridad Integral Canaria, no cobran desde hace cuatro meses

Securitas debe asumir la vigilancia en breve, de acuerdo a la adjudicación del servicio efectuada por el Ayuntamiento de Ávila, y asumir a los diez empleados, mientras la empresa canaria no paga a sus empleados en otros centros de trabajo.

“Esto cada vez está peor, la última nómina que cobramos fue la de septiembre, por lo que nos deben cuatro meses y la extra, por lo que lo estamos pasando mal, sobre todo quienes tienen hijos”, ha explicado Miguel Ángel Herráez, delegado sindical.

Esperan con impaciencia, y confían que sea este mismo mes, cuando la nueva compañía  asuma el servicio de vigilancia a la muralla. “El Ayuntamiento nos apoya pero quien nos tiene que pagar es la empresa”, ha indicado.

Con la empresa “no hay ninguna relación, es como si no existiera nadie, no nos dicen nada”. Hay un jefe de equipo que envía los cuadrantes de trabajo y “cuesta que se los aprueben”, porque “les da igual”, asegura el delegado sindical.

El servicio de vigilancia del recinto amurallado a Seguridad Integral Canaria fue adjudicado en 2015, y fue hace un año cuando surgieron los problemas. Tras ejercer presiones lograron ir cobrando hasta septiembre.

La adjudicación coincidió con la gestión que realizó Miguel Ángel Ramírez, el propietario del grupo empresarial canario, del Real Ávila en la temporada 2014-2015, que dejó el equipo en manos del ex-jugador internacional Juanito.

Seis de los diez vigilantes de la muralla denunciaron a la empresa, pero no apareció ningún responsable al juicio celebrado en el Juzgado de lo Social el 26 de diciembre.

Según informó hace unos días Canarias Ahora, la empresa de seguridad no paga los salarios desde hace dos meses, coincidiendo con la retención de los pagos por parte de las Administraciones y la falta de créditos por parte de los bancos.

El periódico canario explicaba que la empresa canaria, que se expandió desde la islas a toda España, sufre una crisis que pone en peligro su futuro, en parte porque el Tribunal Supremo la ha condenado rechazando los descuelgues del convenio nacional de seguridad privada, que la permitió reducir los salarios sobre los fijados para todo el país.