Entre otros motivos, alegan que hay 18 plazas vacantes, sin contar con el pabellón cerrado, cuando hay una lista de espera de más de 60 personas. También alegan las sentencias en contra ante denuncias del sindicato, la gestión del centro, las inversiones en la sala 3 hace dos años sin que se haya abierto, la negativa a implantar una unidad de convalecencia y dos de convivencia acordadas con la Junta, y la falta de director desde 2015.

A pesar de esta situación “el centro funciona muy bien gracia a la responsabilidad y profesionalidad de quienes trabajan en él”, según indican que han explicado al Defensor del Pueblo.