Desde su punto de vista, la citada ley “implanta una Justicia de dos velocidades, una para ricos y una para pobres, además pervierte la Democracia y acerca a España a ser un país para unos pocos”.

Muñoz ha insistido en que “esta ley obedece exclusivamente a motivos de oportunidad política y económica y tendrá como beneficiarios a las grandes empresas, con casos especialmente sangrantes como las tasas en los casos de despido de trabajadores, de víctimas y de colectivos especialmente sensibles”.

“Las tasas judiciales que establece el Gobierno son tan desproporcionadas e inalcanzables económicamente para un significativo porcentaje de población que supone, de facto, obstaculizar que la mayoría de los ciudadanos puedan acudir a la Justicia, en defensa de sus intereses y derechos”, concluye el parlamentario.