La moción propone, por un lado, instar al Gobierno a derogar la Ley de Minas “preconstitucional” de 1973 y que incorpore los avances legislativos autonómicos en esta materia, así como “la sensibilidad medioambiental y del territorio que la sociedad tiene actualmente”.

También quieren que el Senado inste a la Junta Castilla y León a anular los proyectos mineros que afectan a la Comunidad por “el daño irreversible” que este tipo de actuaciones genera en las sierras de Ávila y de Yemas, y en el Valle del Corneja, así como lo que están tramitándose.

Proponen que la Cámara Alta inste al Gobierno a impulsar un pacto entre las Administraciones públicas para “defender los derechos de los ciudadanos y de velar por su calidad de vida, con una planificación dónde aquellas actividades que tengan un impacto grave en el territorio únicamente puedan tramitarse cuando exista un consenso social y político y esté justificado el interés general, el respeto ambiental y la consulta ciudadana real”.

A petición de las plataformas contra las minas, la moción de los senadores destaca que "Ávila nunca ha sido territorio minero", e indica la veintena de municipios que podrían verse afectados por estos proyectos que "ponen en serio peligro la fauna y flora de la provincia de Ávila, así como la salud de sus vecinos".

Tras señalar el “rechazo social” que se ha demostrado, se refieren al "oscurantismo consciente de las empresas mineras y de las secciones de Minas de la Junta de Castilla y León", y recuerdan el informe contrario al proyecto minero en la Sierra de Ávila de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Estos proyectos supondrían "una agresión enorme e irreversible al paisaje, a la vida tradicional, al futuro de estas comarcas, incalculables problemas medioambientales y sobre la salud, emisión de gases y posible contaminación de acuíferos, así como incrementar el fenómeno de despoblación que sufre esta zona".