Si bien dicen no olvidar que se trata de “una empresa que está desarrollando un trabajo para el Ayuntamiento de Ávila, por lo que la Administración debe fiscalizar el correcto desempeño del servicio y cumplimiento del contrato”.  
“Los verdaderos perjudicados son los trabajadores”, señala IU, que apunta como principal responsable del problema a la empresa, “que es quien tiene la total obligación de atender al pago de las nóminas de sus trabajadores en tiempo y forma, inclusive por encima de los posibles retrasos en los pagos por el servicio que se hubieran producido desde la administración, como ha sido el caso”.

Para este grupo municipal, “la empresa no puede trasladar a los trabajadores, la parte más débil y desprotegida en este aspecto, los problemas que pueda tener, en este caso, con el Ayuntamiento de Ávila”.

Sin embargo, IU reclama al equipo de Gobierno del PP “una mayor diligencia y compromiso en el pago a proveedores, porque son los trabajadores los que se encuentran en una clara posición de indefensión”.

Aseguran que los retrasos que “no son nuevos”, sino “desgraciadamente habituales y que afectan especialmente a la estabilidad económica de las pequeñas empresas que trabajan para la administración, mucho más vulnerables a situaciones de impago de proveedores”.

IU recuerda que desde el comienzo del actual mandado se consiguió la inclusión, en los pliegos de condiciones, que para el cobro de las facturas las empresas debían acreditar el pago de las nóminas y Seguridad Social “como fórmula de protección de los derechos de los trabajadores”.