Esta propuesta aparece después de que una enmienda en el mismo sentido, presentada a los presupuestos de este año, fuera rechazada por el PP.

La formación señala que la nueva denominación apoyará la actividad económica de la zona, ya que “es razonable pensar que la nueva certificación supone el espaldarazo definitivo para los más de 1.600 trabajadores y las empresas que sostienen el sector vitivinícola en la zona”, según la procuradora Beatriz Rosado.