La situación que afecta a los campos castellanoleoneses y los numerosos escritos de municipios que solicitan la “declaración de zona catastrófica” han provocado que la delegada del Gobierno aúne a las subdelegaciones con medidas que combatan las consecuencias de la sequía.

La Administración General del Estado ha habilitado ya medios que se complementarán con las de la autoridad regional.

En cuanto a seguros agrarios, el Ministerio subvencionará pólizas y el porcentaje medio de subvención que corresponde al Estado.

Se reducirán los índices o módulos del régimen de estimación objetiva del IRPF de las producciones afectadas.

Se financiará el 100% de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) como préstamos de liquidez suscritos por titulares de explotaciones agrarias en sectores con dificultades.

El Ministerio, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, solicitará a la Comisión Europea un adelanto del 70% de las ayudas directas y el 85% correspondientes a desarrollo rural para el 16 de octubre.

Se han modificado las condiciones de cumplimiento de requisitos para cobrar el pago verde y las medidas agroambientales; en cada Comunidad Autónoma se valorará en qué casos se puede considerar dicha modificación.

Finalmente, se acudirá al Real Decreto-Ley 10/2017 donde se contemplan exenciones y tarifas relativas a la disponibilidad de agua para titulares de explotaciones agrarias en los territorios afectados, según la Confederación Hidrográfica del Duero; también se aludirá a la posibilidad de aplazar un año, sin intereses, el pago de las cuotas a la Seguridad Social para explotaciones afectadas por la sequía desde julio de 2017 a febrero de 2018. Según ese mismo Real Decreto-Ley, se adoptarían medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, modificándose el texto refundido de la Ley de Aguas en determinadas cuencas, como la Cuenca del Duero.