Estos documentos datan de entre los años 1890 y 1970, por lo que, según la Ley 6/1991 que regula los Archivos y el Patrimonio Documental, por lo que “queda muy claro que los documentos que se sacaron del Archivo Municipal con la intención de ser destruidos”, forman parte del Patrimonio Documental de Castilla y León y que “son documentos históricos de Arévalo, dado que se han generado en la institución municipal y tienen más de 40 años”.

Según la asociación, el Ayuntamiento “está obligado a su conservación y custodia, así como a tomar cuantas medidas sean precisas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción”, por lo que “deben conservarse, debidamente organizados, en las oficinas del propio Ayuntamiento, de donde fueron sacados entre los días 25 y 28 de octubre de 2013, contraviniendo lo establecido en la legislación vigente, para ser destruidos, y que gracias a la intervención de la Policía Municipal, al ver lo que se estaba haciendo, evitó que todos ellos fueran eliminados”.

La asociación cultural propone que estos documentos, “que salvo que hayan sido cambiados de lugar seguirán permaneciendo en los locales de propiedad municipal situados en la calle Mariano Gil”, sean “reintegrados al lugar en que estaban, en el que se generaron y de donde no deberían haber salido”.

En caso contrario, proponen que sean entregados al Archivo Histórico Provincial de Ávila, siguiendo el protocolo y exigencias establecidas en la legislación vigente, para que sean catalogados y conservados como parte del Patrimonio Documental de Arévalo y de Castilla y León.

Legislación

La ley que regula los archivos indica que “forman parte integrante del Patrimonio Documental de Castilla y León los documentos de cualquier época producidos o reunidos en el ejercicio de sus funciones por las entidades locales del territorio de la Comunidad autónoma y los organismos de ellas dependientes”, al igual que se indica que “serán considerados históricos los documentos (…) cuya antigüedad sea superior a cuarenta años’.    

También se señala que las diputaciones y ayuntamientos “colaborarán dentro de su ámbito territorial con la Administración autonómica en la defensa y conservación del Patrimonio Documental de Castilla y León, adoptando, en el marco de lo previsto en esta ley y en las normas que la desarrollen, cuantas medidas sean necesarias para evitar su deterioro, pérdida o destrucción y notificación a la Consejería de Cultura y Bienestar Social aquellas circunstancias que puedan implicar o provoquen de hecho daños a tales bienes”.

También establece que “los documentos integrantes del Patrimonio Documental que sean de titularidad pública se conservarán debidamente organizados y a disposición de la Administración y de los ciudadanos en las oficinas  que los hayan originado o reunido, hasta ser transferidos al archivo que corresponda”.