Operación Chase: 7 detenidos y 81 perros intervenidos en La Moraña

La operación se inició a finales del verano de 2016 a raíz de las quejas por la caza furtiva y la sustracción de perros en una operación con el nombre de Chase, uno de los protagonistas de ‘Patrulla canina’

La investigación comenzó al encontrar un animal que había sido abandonado por cazadores furtivos en Madrigal de las Altas Torres, y después a un grupo de furtivos desde un helicóptero, lo que llevó a detectar la falsificación en los perros-galgos de sus cartillas y la implantación ilegal de los microchip. Esto permitió, a lo largo de varios meses, determinar las diferentes responsabilidades y la forma de este tipo de delincuencia.

El procedimiento consistía en que tras sustraer los galgos, eran “probados” los canes para valorar sus condiciones y cualidades para la caza. Aquellos que eran desechados para la práctica de la caza, eran abandonados o sacrificados cruelmente, mientras que a los que se les consideraba válidos se les trasladaba a una clínica veterinaria de Madrid donde, tras una pequeña operación de cirugía, les era retirado el microchip intramuscular de identificación y se les implantaba otro diferente, lo que permitía la expedición de una cartilla sanitaria canina a nombre del nuevo propietario del animal.

Después se localizaron los cadáveres de dos galgos, uno arrojado desde un tercer piso y otro muerto apaleado salvajemente, según lo certificó la necropsia realizada por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, lo que permitió la identificación y localización de los autores del hecho, que coincidían con las investigaciones que se llevaban a cabo por parte de la Guardia Civil de Ávila.

Una de las sospechas es que el fin último de los robos pudiera estar relacionado con apuestas ilegales cuyo objeto es la caza con galgo.

Durante el desarrollo de las investigaciones han sido detenidas siete personas e investigadas otras siete, entre ellas veterinario, por los delitos contra la flora y fauna, falsedad documental, robos y maltrato de animales, y se formularon un total de 147 denuncias administrativas relacionadas con las condiciones higiénico sanitarias, e inspeccionados 258 perros.

La investigación se inició por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Seprona de la Comandancia de Ávila, cuyas pesquisas coincidían con otras  impulsadas por organizaciones de protección animal y de Seprona de Madrid, lo que luego las tareas fueron conjuntas.