Se trata del bar Eladio, situado junto al puente Adaja, que muestra un rótulo que pone ‘Zona nacional’, que desde septiembre ha sido denunciado, y para el que IU pide “contundencia legal”, y cuya imagen ha aparecido en medios de comunicación nacional ofreciendo una “penosa imagen y publicidad de Ávila”, que aparece como “una de las ciudades que cuentan en su callejero con uno de los ‘templos’ de exaltación franquista”.

Junto al cartel de ‘Zona nacional’ muestra en el menú del día platos como “huevos rotos fusilados”, “chuletón nacional” o “revolconas amargadas 36”.

IU llama la atención que para tratar de hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica para la retirada de los espacios públicos de los elementos que no cumplan con la legalidad, y critica la “pasividad y laxitud” con que se mantiene este local desde hace tiempo.

“Quizás la respuesta se encuentra en que es un lugar frecuentado, como demuestran las propias fotografías con las que cuenta el establecimiento, por miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como dirigentes del Partido Popular”, lamentan, señalando que es “un espacio que no está cumpliendo con la legalidad vigente en el que hay quienes posan orgulloso ante los símbolos de la sublevación militar”.

En septiembre IU pidió al equipo de Gobierno que llevase a cabo los trámites para retirar los símbolos alusivos a la sublevación militar, de acuerdo al artículo 15,1 de la Ley de la Memoria Histórica, que dice que “las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la Dictadura”.

La solicitud del Consistorio fue atendida y el dueño del establecimiento los retiró, pero volvió a colocarlos, e IU pidió en marzo otra vez su retirada. Esta formación dice que sabe que “se están dado pasos legales”, pero mientras pide la retirada de la licencia de terraza, que depende del propio Ayuntamiento y para cuya decisión hay “fundamentos sobrados”.