La protesta ha criticado la intención de la empresa pública de no cubrir las vacantes mediante contratación y perjudicando el servicio postal. También reivindican el desbloqueo de la negociación de la regulación laboral después de tres años.

Los delegados sindicales han explicado la intención del Gobierno de recortar 60 de los 180 millones que el Estado debe abonar a Correos en pago por la prestación del Servicio Público Universal.