Se les acusa de haber reparcelado una parcela y haber realizado obras en terreno rústico no urbanizable. Todo ello se descubrió a raíz de la investigación del incendio que se produjo en un vivero de Arévalo el 18 de agosto del año pasado en el paraje Laguna Bartolo.

Para elaborar el correspondiente informe fotográfico de la zona afectada por el incendio, con el helicóptero de la Guardia Civil, se sobrevoló la zona. Fue entonces cuando se descubrió que una parcela aneja al vivero se encontraba dividida en subparcelas, e incluso tenía diversas construcciones equipadas con antenas de televisión, equipos de aire acondicionado, instalación de piscinas, y cenadores y barbacoas.

Esto motivó que el Equipo de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de Arévalo iniciase investigaciones policiales para esclarecer las obras realizadas en lo que llamaron Operación Segrega 2, recopilándose toda la documentación relativa a organismos empresas vinculadas a la parcela, licencias para poder realizar divisiones parcelarias, segregaciones, cerramientos y edificaciones, incluso a la dotación de servicios de agua y electricidad.

Al cotejar la documentación con el Plan General de Ordenación Urbana de Arévalo y la normativa urbanística y penal se descubrió la importancia del incumplimiento de la normativa, ya que la parcela no se podía ni segregar ni construir.

La investigación determinó que el propietario inicial de la parcela, que era el constructor, había realizado subparcelas y las había vendido, con la cooperación necesaria de un fedatario público para formalizar las escrituras de venta a los compradores de los terrenos segregados.

La operación se dio por terminada el 24 de marzo con la investigación de 26 personas, entre las que se encuentran el propietario de la parcela inicial y a la vez constructor, el fedatario público, y los compradores de los terrenos.