La concejal recurrió dicho acuerdo al entender que, al permitirla asistir sólo a dos comisiones , se restringía su derecho a la participación en la toma de decisiones que conciernen al municipio.

La edil ha dicho que acudió al contencioso, “con el consiguiente quebranto para las arcas municipales”, para que se le recocieran sus derechos políticos  y para rechazar “el empecinamiento de los concejales de la Corporación que han hecho caso omiso a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto.

También el Procurador del Común de Castilla y león  dio la razón a María José Durán resolviendo que el derecho de la concejal no adscrita a estar en todas las comisiones “forma parte del núcleo esencial de su derecho a la participación política”, a la vez que insta al ayuntamiento a adoptar los acuerdos necesarios para asegurarlo.

Según Durán Solís, conforme a la legalidad vigente, “las comisiones informativas deben reproducir la misma estructura política del pleno, para evitar eliminar la participación de los concejales en minoría”, como es su caso.

La edil significa que “cuanta más pluralidad y proporcionalidad exista en las comisiones, menos opacidad habrá, por tanto más información y más trasparencia para los vecinos”.