Los representantes de la organización agraria acudieron en la mañana de este martes, pero el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y presidente de la Junta Electoral, Francisco Gil, no les dejó observar los expedientes. En el órgano electoral UCCL y UPA tienen un representante cada uno, y Asaja otro con voz pero sin voto.

El requerimiento notarial pide que “de manera inmediata ponga a disposición de los miembros de la Junta Electoral Provincial (…) los expedientes de solicitud de voto por correo, depositados en la Oficina del Censo Electoral  de Ávila”, bien “ordenando al encargado de dicha oficina territorial permita, en la misma, el examen de los expedientes aludidos sin traba u objeción alguna”.

“Igualmente se le requiere la puesta a disposición (…) las reclamaciones de inclusión o exclusión en el censo electoral”, de acuerdo a la obligación que “viene impuesta a la Junta Electoral Provincial, y consiguientemente a sus miembros, de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente, cual ordenan los artículos 4 y 5 del Decreto 41/2002, de 15 Marzo por el que se regula el procedimiento electoral de las Cámaras Agrarias de Castilla y León”.

“De no permitirse -añade- el examen de los expedientes de solicitud de voto por correo y de las reclamaciones de inclusión o exclusión en el censo, se estaría cercenando la posibilidad de que los miembros de la Junta Electoral Provincial (…), pudieran dar satisfacción a las obligaciones que por su condición de tales les vienen impuestas, lo que podría acarrear la nulidad del proceso electoral”, aparte de las acciones legales que pudieran adoptar “para garantizar la puridad del proceso electoral”.

Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León no se ha ofrecido ninguna explicación, como tampoco desde la Consejería de Agricultura en Valladolid.