El alcalde de Solosancho, Benito Zazo, ha expresado su “satisfacción” por el hecho de que su actuación sea respaldada “por la misma institución autonómica que sacó a la luz irregularidades e ilegalidades cometidas en algún otro caso de antenas de telefonía móvil en la provincia de Ávila”.

Según el regidor, “todos” los informes de las administraciones y organismos intervinientes en el procedimiento administrativo de la instalación de esta estación base de telefonía han sido favorables, “desmontando punto por punto todas las afirmaciones falsas difundidas por el vecino" que denunció supuestas anomalías.

Zazo ha significado que, de acuerdo con la documentación remitida al Ayuntamiento que preside, existe “unanimidad” entre la Organización Mundial de la Salud, los Comités Científicos y las Autoridades Sanitarias de los países más desarrollados a la hora de afirmar que “no hay evidencia de que las antenas, tanto de telefonía móvil como de radio o televisión, produzcan cáncer”, como insinuaba la denuncia interpuesta.

Al respecto, ha precisado que la ubicación elegida obedece a “criterios estrictamente técnicos con el fin de dar la máxima cobertura”, encontrándose “a varios kilómetros del Castro de Ulaca y de la Sierra de la Paramera, a 364 metros del colegio público de la localidad, a 423 metros de la guardería municipal y a 602 metros del consultorio médico, mientras la vivienda más próxima está a 167 metros, más alejada que cualquier instalación similar situada en los tejados de cualquier ciudad de España”.

Según el alcalde, la polémica “artificial y falaz” se inició en enero de 2011, cuando un vecino, “al que se unieron después varias asociaciones de fuera del municipio y algunos vecinos del pueblo”, denunció presuntas anomalías en la instalación de la antena con “clara intencionalidad electoralista”, pues había unas elecciones municipales a cuatro meses vista.

Desde esa fecha “y hasta hace escasos meses”, Zazo afirma haber tenido que “soportar insidias e incluso insultos debido a este asunto”.

El alcalde de Solosancho ha aclarado que la “única irregularidad” que ha existido “la cometió la empresa promotora de la instalación” al iniciar las obras “antes de concluir el proceso administrativo”, lo que llevó al Ayuntamiento a paralizarlas y a sancionar a dicha empresa con 5.500 euros”, que ya han sido abonados.