Para los imputados, J.G.A, de 68 años y natural de Santander, y M.S.R.F., una abulense de 50 años, el fiscal pide también quince años de inhabilitación absoluta, al responsabilizarles de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

La celebración del juicio, nueve años después de estallar este caso, está prevista en la Audiencia Provincial de Ávila entre el 27 y el 29 de noviembre y, a petición del ministerio público, comparecerán hasta dieciséis testigos, entre los que figuran los alcaldes, ex-regidores y secretarios de los municipios afectados.

Por su parte, las acusaciones particulares solicitan penas de entre tres y ocho años para los dos acusados, así como la devolución del dinero del que supuestamente se apropiaron los administradores de esa empresa, mientras la defensa pide la absolución de sus patrocinados.

Los ayuntamientos que se vieron involucrados en este caso fueron El Herradón de Pinares, que reclama 246.511 euros; Peguerinos -141.729 euros-; Solosancho -105.160 euros-; San Pedro del Arroyo -18.450 euros; Mingorría -13.186 euros - y Riofrío -8.685 euros-.

Según puede leerse en la calificación del fiscal, "la gestión recaudatoria se realizó con normalidad por los acusados hasta junio de 2003, en el que literalmente 'desaparecieron', apoderándose con ánimo de enriquecimiento ilícito de todas las cantidades que se habían recaudado por tributos devengados ese año", así como de "cantidades pendientes de liquidar de ejercicios anteriores”.

Los ayuntamientos que denunciaron esta presunta estafa indicaron en su momento que la empresa Gestinco no había liquidado los impuestos cobrados, dejando de gestionar la recaudación de tributos municipales como el IBI, el IAE, el impuesto de vehículos o algunos impuestos y tasas públicas como el agua o el tránsito de ganado.

Por su parte, los abogados de la defensa de los acusados argumenta que en 2003 Gestinco "fue sufriendo una paulatina pérdida de clientela, hasta llegar a ese año en una situación de insolvencia", debido a que los ayuntamientos empezaron a encargar la gestión de sus impuestos al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación y también a que algunos consistorios acumulaban una deuda con esta empresa, que finalmente declaró su quiebra a mediados de 2003.