Blanco ha rechazado en un comunicado que recaiga solo sobre las organizaciones no gubernamentales la responsabilidad de dar soluciones a esas familias “mediante el pago de las facturas de luz o gas y cree necesario que la Diputación “no dé la espalda” a las personas que sufren esta situación, “muchas de ellas mayores, por lo que su vulnerabilidad y desprotección es aún mayor si cabe”.

Blanco ha puesto el foco en  las consecuencias que tiene la pobreza energética en la salud de la población y en el endeudamiento familiar e insiste en abogar por un marco jurídico para afrontar la pobreza, al tratarse de un problema de “igualdad, equidad y justicia social".