El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el viernes el anuncio de la licitación para la infraestructura en las zonas de concentración parcelaria de Solosancho-Villaviciosa y Robledillo-Baterna.

Este proceso, según la Junta, busca mejorar las explotaciones agrarias para competir en un mercado global. Para ello, el regadío y las concentraciones parcelarias y las infraestructuras “han sido y siguen siendo –según la Junta- uno de los pilares estratégicos del desarrollo rural y del equilibrio territorial”.

La creación de estas infraestructuras viarias rurales permitirán un “adecuado acceso a las explotaciones agrícolas” y, a su vez, servirán de comunicación entre los núcleos de población, “posibilitando un adecuado movimiento de personas y productos necesarios para incrementar la actividad del medio rural”.

Proceso histórico
Hasta llegar a este momento, sin embargo, han tenido que pasar casi un siglo –la orden ministerial se emitió en mayo de 1973, pero el conflicto se remonta a principios del siglo XX- y atravesar un proceso histórico que afecta a 1.600 propiedades urbanas que tenían que escriturarse dentro del proceso, con el objetivo de que los vecinos ostentaran la titularidad de sus fincas.

El proceso para las fincas urbanas concluyó en 2007, dos años después de que los colonos de la zona alcanzaran un acuerdo con la Administración autonómica para la devolución de sus fincas.

Después, vinieron los trabajos para otorgar las escrituras a sus legítimos propietarios

Ello se debe a que era la propia Junta de Castilla y León quien aparecía como titular de todas estas fincas urbanas, pero también de las rústicas: más de 2.900 y dos prondivisos, con más de 600 propietarios, en la zona de Solosancho y Villaviciosa, y más de 3.600 parcelas y dos proindivisos, con más de 400 propietarios, en Robledillo y Baterna.

Edad Media
En realidad, la situación se remonta aún más en la historia; en concreto, hasta el siglo XVI, con la fundación del Mayorazgo de Villaviciosa, aunque no fue hasta el 18 de julio de 1930 cuando comenzaron los problemas.

En el siglo XVI, la mayor parte del actual término de Solosancho pasó a pertenecer a un noble y los habitantes de la tierra se convirtieron en colonos, hasta que, a mediados del siglo XX, el marqués de Viana y Coquilla, titular del Coto Redondo -abarca casi todo el término-, vendió la tierra a los colonos.

Estos aportaron el 20 por ciento del precio acordado en metálico y el resto corrió a cargo del organismo oficial que intermedió en la operación, la Junta de Parcelación y Colonización Interior, posteriormente denominado Instituto Nacional de Colonización y, en los años setenta del siglo pasado, el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario), que pasó a ser el propietario de las tierras –posteriormente, lo sería la Junta de Castilla y León, tras el traspaso de competencias-, con el compromiso de parcelar y repartir los lotes entre los compradores.

Los colonos, por su parte, irían pagando su parte de forma anual para saldar su deuda, aunque el proceso se interrumpió hacia los años sesenta, hasta iniciarse, a partir de los setenta, el proceso de concentración parcelaria.

En este sentido, las obras de infraestructuras que ahora se acometerán culminan el proceso de concentración que ya se ha realizado y que, según la Junta, ha dotado de una dimensión “suficiente” las parcelas rústicas, con el fin de mejorar su rentabilidad.