Muñoz ha resaltado que “PP y Ciudadanos se han unido para apoyar el veto del Gobierno a la tramitación de una ley propuesta por el PSOE para impedir que las ong y pymes tengan que pagar tasas judiciales”. El diputado ha añadido que lamenta que la iniciativa no se debata porque “ya son muchos los abulenses afectados por las tasas judiciales”.

Con estas palabras retomaba lo que se dictaminó el pasado mes de julio en el Tribunal Constitucional, donde se declararon “inconstitucionales” las tasas judiciales implantadas en 2012 para estas entidades. Según la sentencia, las tasas para personas jurídicas como empresas y ONG, son demasiado elevadas como para que éstas accedan al sistema judicial. 

En concreto, recuerdan desde el PSOE, fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien se comprometió a revisar el sistema para adaptarlo a la sentencia que involucraba a ong, entidades sin fines lucrativos y pymes.

La norma a la que se refiere Muñoz es la Ley 10/2012, que reimplantaba en España después de 26 años, las tasas judiciales a nivel general, con cuantías “tan elevadas que, más allá de la finalidad recaudatoria, presentan un aspecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional, pues no tiene en cuenta el establecimiento de las tasas a la capacidad económica del sujeto, tal como prescribe la Constitución Española”.