Agricultores, ganaderos y miembros de instituciones relacionadas y afectadas por el proyecto han escuchado los detalles del mapa, que afecta a 8.000 hectáreas distribuidas por toda la provincia y 500 explotaciones tanto agrícolas como ganaderas. Sin embargo, será "más fluida la aplicación del mapa de infraestructuras en aquellas zonas que ya presentan un compromiso de actuación".

Según Llorente, “Ávila ya tiene mucho trabajo hecho”. La inversión total alcanzaría los dos millones de euros.
El marco temporal del proyecto se extendería hasta el año 2020, aunque se espera sobrepasar el plazo del PDR (Programas de Desarrollo Rural) y se debe tener en cuenta que el mapa de infraestructuras se aplicaría en el contexto de otros planes, como el hidrológico, que están siendo o serán implantados.

Entre los avances que supone el nuevo mapa, el director general ha destacado que supondrá "grandes mejoras en la competitividad, productividad, en las repercusiones positivas para el medio rural, modernización de regadíos, inversiones rurales, mejoras medioambientales e incluso ahorro energético, pues está demostrado que las actualizaciones en los sistemas de regadío suponen una disminución de emisiones contaminantes”.

Llorente ha afirmado que para diseñar el nuevo plan de infraestructuras se han seguido los criterios y normativas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como las recomendaciones provenientes del sector de la agricultura y la ganadería.

En la actualidad, el Mapa de Infraestructuras Agrarias se encuentra en una fase explicativa, en la que se asesora “provincia a provincia y terreno a terreno”, según el director general.