La patronal cree que el plan de ajuste del déficit previsto por el Ejecutivo central se asienta principalmente "sobre nuevas barreras al consumo y subidas impositivas a hogares y empresas".

Creen que el nuevo límite de 1.000 euros para las operaciones en efectivo supone "una barrera al consumo" y "un nuevo coste de transacción, que prácticamente obliga a todos los ciudadanos a poseer una tarjeta".

En este contexto, la Federación Abulense de Empresarios de Comercio cree "un error" plantear esta medida en plena campaña de Navidad "sin haber consultado previamente a los sectores más afectados".

Dice defender "sin ambages" la lucha contra el fraude fiscal en España, aunque estima "desproporcionado" implantar un límite "tan bajo" para las operaciones en efectivo.

Desde su punto de vista, se trata de una medida que "prácticamente pone bajo sospecha a cualquier consumidor que realice compras en el comercio".

Por ello, los empresarios de comercio creen conveniente "actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida en España, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad".