Esta cifra supondrá la creación de 1.868 empleos, según lo han destacado los procuradores del PP, que se han felicitado de la importancia que ha tenido esta medida aprobada por la Junta.

De las 228 peticiones, 204 (89 por ciento) ya se han financiado por un montante de 21,3 millones de euros, mientras que se encuentran 14 expedientes en proceso de estudio, y diez de ellos aún no se han atendido.

El número más alto de expedientes (78) han sido de empresas del sector comercial, seguidas de las del sector servicios (50),  agroalimentación (40) y hostelería (30). Sólo tres solicitudes son para empresas del sector tecnológico, cinco para el sector de transportes, uno para el de transformación de madera y otro de transformación de metal.

El procurador José Manuel Fernández Santiago, ha destacado que la mayor parte de los expedientes presentados por las empresas de la provincia (69 por ciento) han sido para proyectos de inversión, por importe de 20 millones de euros; mientras que siete millones millones han sido para ayudas de circulante; y 1,6 millones para reestructurar de empresas.
 
Hasta 2020

"Ávila ha respondido" ante la iniciativa de la Junta, ha señalado el procurador, quien ha confiado que cuente con mayor repercusión, ya que se prolongará hasta 2020.

"Si se sigue así, el objetivo de la legislatura del año 2020 de conseguir el 20 por ciento del valor añadido bruto de la provincia es una posibilidad", ha señalado. Estos datos se enmarcan en las cifras de mejora de la situación económica de la provincia, como  30 metros de incremento de afiliados a la Seguridad Social y tres años de descenso del paro interanual.

Fernández Santiago ha destacado que en Castilla y León la tasa de paro sigue siendo cinco por debajo de la media nacional, sin embargo ha tenido que reconocer que esos datos "no son el caso" de la provincia de Ávila, aunque "confluye un poquito con la media nacional".