Servicio de vigilancia y seguridad para la sede de la Diputación

La Junta de Gobierno de la institución provincial ha aprobado el expediente de contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Palacio Provincial, con un presupuesto máximo anual de 61.105 euros, IVA incluido.

Está previsto que el contrato se realice por dos años y se pueda prorrogar uno más, según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Pablo Martín.

Al respecto, el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha señalado que esta institución es la única que no cuenta con servicio de vigilancia y seguridad, de modo que el paso dado busca “normalizar” la situación de la casa y también “garantizar la seguridad” de los trabajadores, en torno al 50 por ciento de los más de 400 con los que cuenta la institución en plantilla.

"Los trabajadores están tomando decisiones y realizando informes que en determinados momentos no son favorables para los ciudadanos y para las administraciones y pueden tener algún tipo de respuesta y lógicamente tenemos la obligación de garantizar la seguridad de quienes trabajan y están en el edificio", ha afirmado.

En la actualidad existe un funcionario responsable de coordinar la seguridad de la Diputación, pero "no hay un servicio de seguridad en el acceso", según ha indicado el presidente de la institución.

Casos
Antes de que en el pleno de octubre un agente de policía de la Brigada de Información exhibiese su placa para desalojar a una docena de asistentes que habían aplaudido una intervención contra el proyecto minero, ha habido otros casos relacionados con la seguridad en la Diputación, como la agresión sufrida por el abogado de la Diputación en febrero en las inmediaciones de su domicilio.

En 2012 una protesta de afectados por las preferentes a las puertas de la Diputación terminó con una denuncia contra la responsable de la institución provincial, que resultó absuelta cuando el caso se vio en los tribunales. Y en febrero de 2013, el entonces equipo de Gobierno provincial acordó contratar los servicios de una empresa especializada para mejorar la seguridad del sistema informático a raíz de unos correos enviados desde ordenadores de la institución en la que se cuestionaba a políticos y trabajadores de la casa.