La Diputación aborda un proceso para mejorar en transparencia

El presidente de la institución provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha señalado que quieren tenerlo implantado a principios del año próximo. Para ello, ya se han iniciado las reuniones, que se producen después de aprobarse, en el pleno celebrado el 1 de febrero, la elaboración de una ordenanza de transparencia y acceso a la información pública.

Estas medidas están siendo abordadas desde el Área de Economía y Hacienda de la Diputación y han tenido como resultado la aprobación, en junio, de una Ordenanza Provincial de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización, de obligada aplicación para la institución y todos los organismos autónomos, sociedades, fundaciones y consorcios adscritos o en los que la Diputación tiene participación.

Transparencia Internacional
El proceso que se inicia ahora abordará el desarrollo específico de los más de 80 indicadores de Transparencia Internacional, ONG que situó el año pasado la Diputación de Ávila entre las últimas en el país en esta materia. También se atenderá a los indicadores de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo de Europa.

En el marco de este proceso, se prevé la aprobación de una Estrategia de Transparencia y Buen Gobierno, que enmarcará todas las actuaciones que se van a acometer, sus objetivos y tiempos.

Igualmente, se contará con un Código de Buen Gobierno, que contendrá los compromisos de ética pública de la institución, así como con un Protocolo de Coordinación de Datos, que deberá ser aprobado en Junta de Gobierno y detallará las responsabilidades de cada servicio en materia de  transparencia, así  como las indicaciones para publicar y actualizar los datos que corresponden a cada área.

Este proceso supondrá una ampliación y mejora considerables del Portal de Transparencia y Buen Gobierno de la Diputación y, además, en respuesta al objetivo de la institución de apoyar, asesorar y dar servicio a los municipios, se incluirán actuaciones de soporte a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, para que también puedan implantar sus propias políticas de transparencia.