Según ha señalado, dicha reforma, “recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los consistorios”.

Además, el texto normativo cita la estabilidad presupuestaria como principio rector de las actuaciones de todas las Administraciones públicas “en vez de situar la atención a la ciudadanía y la calidad en la prestación de servicios en el centro de su razón ser”, según Caro, quien demanda “una nueva ley de régimen local, que recoja la realidad competencial de los ayuntamientos y que garantice su financiación estable y proporcional”.