"No es momento que la Junta se pronuncie si está a favor o en contra", puesto que "la Junta tiene la obligación de tramitar este expediente", ha explicado José Francisco Hernández.

"La Junta va a garantizar la legalidad", ha afirmado, porque "es la primera interesada en garantizar los bienes jurídicos protegidos", como "el futuro  socioeconómico de la sierra" y de "amparar los bienes jurídicos, que son los intereses de todos los ciudadanos".

Hernández ha remarcado que "en función de los informes se decidirá lo que tenga por conveniente" en "un procedimiento reglado y objetivo".

Alegaciones
Tras el final del procedimiento de información pública, en la Junta se han recibido más de 3.700 alegaciones, número "muy importante", lo que ha sido bien recibido por el delegado al considera que cuantas más alegaciones haya a cualquier proyecto "siempre será mejor informado y más participado".

Según el delegado, a partir de ahora, y "conforme a la normativa vigente", el procedimiento que se sigue es el de trasladarlas al promotor del proyecto para que, "en su caso, las conteste completamente, si es que versan sobre la falta de alguna documentación o sobre si el estudio de impacto ambiental no reúne alguno de los requisitos".

"En función de esas contestaciones que pueda formular la empresa", el expediente pasará desde el Servicio Territorial de Industria, y una vez superado el plazo de 30 días hábiles, al Servicio Territorial de Medio Ambiente, que "tiene que emitir los informes pertinentes" y "tiene que recabar aquellos informes sectoriales que otras entidades tengan que evacuar", como pueden ser los de la Confederación Hidrográfica del Duero u otras.

Comisión Territorial

Medio Ambiente emitirá entonces una resolución que pasará a la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente, según ha detallado el delegado.

En el hipotético caso que "una vez estimadas algunas de las alegaciones, o bien de oficio, pudiera dictarse una decisión desestimatoria, directamente quedaría archivado el expediente, sin perjuicio de impugnación o recursos contra la denegación" que pudiera presentar la empresa promotora.

En el caso de que la resolución diera el visto bueno, "preceptivo pero no vinculante", el expediente llegaría a la Dirección General de Minas, que podría estimarlo o echarlo atrás.

Todo este procedimiento se alargará al menos durante cuatro o cinco meses, "no menos de febrero o marzo", porque además de los plazos legales "hay que dar tiempo a los empleados públicos" en un procedimiento que abordarán "con absoluta honestidad y profesionalidad".

Reunión
Respecto a las manifestaciones de la Plataforma Ciudadana 'No a la mina en la Sierra de Ávila' de no haber sido recibidos por el delegado de la Junta, éste ha dicho desconocer que le han pedido una reunión.

"No tengo noticia al respecto", ha asegurado, a la vez ha indicado su disposición a reunirse con sus integrantes en cuento le llegue la petición, y ha aludido a su "vocación de servicio público" manifestada desde su toma de posición.

"Apertura total y completa a cualquier persona que quisiera reunirse con el delegado", ha manifestado, en lo que ha asegurado es su obligación y que estará "encantado" de hacerlo.

Por otra parte, ha querido subrayar que en el período de información pública los servicios territoriales han permanecido "abiertos a cualquier persona y colectivo para recabar información y cambiar impresiones", con "toda la estructura a entera disposición de toda la ciudadanía de cualquier organización".