A juicio de Asaja, este proyecto “agravaría la situación socioeconómica” de estos municipios y afectaría al “nivel de renta” de las personas dedicadas al sector agroganadero, además de dificultar “aún más” la incorporación de jóvenes a la actividad y perjudicar las “condiciones sociales de las mujeres y las familias”.

La organización ha alegado que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa es “nulo de pleno derecho”, ya que “no cumple” los principios básicos de la Ley de Evaluación Ambiente.

Biodiversidad
“Obvia la biodiversidad de la zona, olvidándose de las diversas especies animales y vegetales que se verían afectadas por la construcción de la mina”, que también afectaría, según Asaja, a “la cantidad y calidad” de las aguas, por la “alteración de la circulación subterránea del agua”, así como a la “dispersión de partículas y a las infiltraciones de las aguas residuales producidas”.

“Algunas” de las áreas afectadas se encuentran, además, en la Red Natura 2000, de “gran valor biológico”, han añadido.

Las alegaciones presentadas por Asaja también hacen referencia a la contaminación acústica y del aire, al deterioro de espacios naturales protegidos, las “insuficientes” medidas preventivas del plan de restauración o la “no referencia” al bien de interés cultural (BIC) del castro vettón de Los Castillejos (Sanchorreja).

Asimismo, esta organización se ha referido a la falta de datos sobre los puestos de trabajo que se generarán en la zona, lo que “no ayuda a valorar la repercusión económica del proyecto ni a garantizar su viabilidad”.