Lo ha hecho en una alegación que también firman 21 ayuntamientos y dos entidades locales menores de la zona.

La alegación afirma que el estudio es "muy deficiente y en ningún caso puede considerarse como válido" para el proyecto minero que afecta a los términos municipales de Valdecasa, Narrillos del Rebollar, La Torre y Sanchorreja.

También dice que el conjunto del proyecto "debería ser revisado y replanteado íntegramente", porque "aún contando" con un estudio de impacto ambiental "de calidad, el proyecto es inadmisible desde el punto de vista ambiental".

Según la Diputación, el estudio de impacto ambiental del proyecto "no alcanza los mínimos de calidad suficientes en la legislación de aplicación a escala autonómica ni estatal y, por tanto, el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental debe quedar en suspenso hasta la presentación efectiva de un estudio de impacto ambiental admisible".

Daños graves

"Ante un estudio tan deficiente consideramos que el proyecto queda sin evaluar", se indica, porque "la inadecuada evaluación de impacto ambiental desde aspectos procedimentales y metodológicos, puede redundar en daños muy graves al medio ambiente, y en especial al patrimonio natural, a la biodiversidad y al paisaje del ámbito territorial de la Sierra de Ávila seleccionado ara la actuación sometida al trámite de información pública".

Pone como ejemplos de estudios deficientes la anulación de pleno derecho del proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, ya que existen jurisprudencia "ante las graves carencias ambientales y la ausencia en la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental".

Reunión

El presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se ha reunido este viernes con alcaldes y representantes de 23 municipios y entidades locales menores de Sierra de Ávila, en un ncuentro en el que les ha dado a conocer lo que ha denominado  "alegaciones técnicas" que ha redactado la institución provincial contra el proyecto.

El documento ha sido elaborado por el técnico de Medio Ambiente de la Diputación Provincial y aprobado por unanimidad en las sesiones extraordinarias que se han celebrado el viernes la  Junta de Portavoces y de la Junta de Gobierno Provincial.

Los 23 municipios y entidades locales menores han firmado su adhesión al documento, del que después darán cuenta en sus  respectivos plenos municipales.

Los municipios adheridos son Balbarda (entidad local menor), Blacha (entidad local menor), Casasola, Chamartín, Cillán, La Colilla, Gallegos de Altamiros, Martiherrero, Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar, Mirueña de los Infanzones, Muñana, Muñico, Muñogalindo, Muñopepe, Narrillos del Rebollar, Padiernos, Sanchorreja, San Juan del Olmo, Santa María del Arroyo, La Serrada, Solana del Rioalmar, La Torre y Valdecasa.

La mayoría de los ayuntamientos están gobernados por el PP, que hasta ahora no se habían posicionado sobre el proyecto minero con el argumento de "no saber si es buena o mala" la explotación de feldespato.

Paralización

La alegación, de 15 páginas, pide "la paralización del proceso administrativo" del estudio de impacto ambiental, "y en su caso la anulación de pleno derecho del proyecto".

El documento pone numerosas pegas a la redacción del proyecto, pero sobre todo incide en la falta de información con que se ha elaborado, como de distribución de formaciones vegetales, especies de flora y fauna, diagramas climáticos, espacios protegidos e inventario de hábitats, de cara a "la correcta identificación y valoración de los impactos y medidas que presenta" el estudio de impacto ambiental.

"En ningún momento", se añade, el redactor del proyecto "pone de manifiesto la existencia de dificultades informativas o técnicas encontradas en la realización del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades".

Y señala que el autor del informe "no ha encontrado dificultades para buscar" información, "en gran parte disponible en internet, y fácilmente disponible en caso de efectuar la correspondiente consulta al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta", pero "inexistente en el estudio", lo que considera "lo anula e invalida por no reunir los mínimos exigibles en la legislación de aplicación a escala autonómica y estatal".