Descontaminan un pozo 5 años después de la sentencia que obliga a limpiarlo

Como la sentencia de 2011 no se había ejecutado, el demandante ha instado a cumplirla, por lo que la Sala primera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó en junio un auto en ejecución que obliga a eliminar la contaminación de los acuíferos de San Bartolomé de Corneja, contaminados por la explotación ganadera situada en el casco urbano de la localidad.

Según ha explicado el abogado Juan Ángel Martínez, la resolución dictada recientemente, y que ahora se ejecuta, se ha dictado "ante la oposición del Ayuntamiento de San Bartolomé y de la Consejería de Medio Ambiente a ejecutar la previa sentencia", de fecha 29 de julio de 2011, que ordenó solidariamente a ambas administraciones al pago de 113.000 euros como indemnización por los perjuicios causados al demandante por la "grave responsabilidad" y "falta de diligencia" por no adoptar medidas para evitar perjuicios, además de condenarle a eliminar la contaminación de los acuíferos.

La Junta "pagó los 113.000 euros con dinero público", pero "a pesar de haber transcurrido cinco años desde la sentencia", tanto la Consejería de Medio Ambiente como el Ayuntamiento, cuyo alcalde es el dueño y responsable de la explotación, "no hicieron nada para eliminar la contaminación, razón por la cual el demandante se vio en la necesidad de instar la ejecución de la sentencia", según el abogado.

Fauna salvaje

Como excusa para no ejecutar la sentencia se alegó "la contaminación difusa de la fauna salvaje", lo que Martínez cree "peregrino", aparte de que "la sentencia determinaba con claridad a la explotación ganadera como foco de la contaminación".

En los cinco años transcurridos "no sólo no se ha ejecutado la sentencia eliminando el origen de la contaminación con el traslado de la ganadería, sino que se ha producido la ampliación de la actividad, al menos mediante la extensión de la misma a parcelas limítrofes para la cuales no se contaba con autorización ni licencia alguna, y que terminaron altamente contaminadas según un informe pericial".

Por eso el afectado presentará nuevas solicitudes de indemnización por los perjuicios que siguen provocándose, ante lo que el letrado cree que habrá nuevas condenas económicas con dinero público y nuevos trabajos de descontaminación de los acuíferos, porque "la ganadería sigue contaminando en la misma ubicación a pleno rendimiento".

La ganadería recibió fondos de la Unión Europea. Antes de ser concedida la primera subvención, en agosto de 1.994, el demandante ya había presentado la primera denuncia porque la explotación carecía de licencia ambiental.