Lamentan que se haya actuado contra alcaldes, concejales y ciudadanos de la Sierra de Ávila "con dos dotaciones de la Policía Nacional apostados a la puerta de la Diputación y tres miembros de la Policía secreta", cuando "su única pretensión era conseguir que se visibilizara la grave situación que se puede dar en la Sierra de Ávila y el Valle Amblés".

Según la plataforma, cuando la docena de personas desalojadas del salón de plenos iban a salir la Diputación, cuatro agentes uniformados de la Policía Nacional y otros tres de paisano retuvieron a los desalojados para, según ordenes del presidente, "lograr que se autoinculpen por lo sucedido".

Una vez transcurrido un tiempo y, ante la decisión de "no ceder a este escarnio antidemocrático", salieron sin problema de la institución provincial. La plataforma considera el hecho "anticonstitucional".

Por este motivo creen que la Diputación está haciendo "más esfuerzo en reprimir la posible expresión de la plataforma para que la población no conozca este hecho", que ante el proyecto de explotación minera y "su posible afección sobre la Sierra de Ávila".

Desproporcionado
El Grupo Socialista no ha entrado a valorar si los aplausos a la intervención de un diputado provincial contravienen o no el reglamento orgánico de la Diputación pero considera que la aplicación del mismo ha sido “poco flexible” por parte del presidente, lo que ha llevado a sus integrantes a marcharse del salón de plenos.

Así, el portavoz del PSOE, Jesús Caro, ha manifestado su contrariedad por la “rigurosa interpretación” que el presidente Sánchez Cabrera ha hecho del citado reglamento y cree que debería haber obrado “con mayor tolerancia”.