El 3 de mayo del año 2000, la Junta de Castilla y León, y a través de la Consejería de Medio Ambiente, junto con la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, constituyeron la Sociedad Pública ‘Montes de las Navas’, adquiriendo un 25 por ciento de su capital social, con el fin de adquirir a la Unión Resinera una finca forestal privada de 8.000 hectáreas para convertirla en monte público.

Tras 16 años desde su constitución y “cumplidos los objetivos básicos planteados para su creación”, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués ha realizado una oferta para la adquisición de la totalidad del capital, tanto a la Junta de Castilla y León como a la Diputación de Ávila.

La oferta realizada es por el valor nominal de las acciones, 300.000 euros en el caso de la Junta de Castilla y León.

Con este acuerdo, según la Junta, se avanza en el objetivo de reducción de la participación de la Administración autonómica en entidades instrumentales del sector público.

Ciudad del Golf
Se da la circunstancia de que Montes de Las Navas está asociada al proyecto de macrourbanización de la Ciudad del Golf, en Las Navas del Marqués, que buscaba construir 1.600 viviendas, varios hoteles y campos de golf en un espacio de la Red Natura 2000.

El Ayuntamiento de Las Navas poseía el 70 por ciento de la sociedad, mientras que la Junta adquirió el 20 por ciento y la Diputación de Ávila, el diez por ciento restante.

El Consistorio alegó no tener dinero para pagar los 8,8 millones de la compra del terreno, por lo que se comprometió con la empresa Residencial Aguas Nuevas a recalificar unas 200 hectáreas de pinar para levantar viviendas a cambio de diez millones de euros.

La empresa promotora de la urbanización, Residencial Aguas Nuevas, llegó a talar miles de pinos para llevar a cabo su proyecto, pese a que el Tribunal Superior de Justicia había declarado ilegal la recalificación de terrenos, y la vía penal fue dividida en cuatro piezas: dos de ellas fueron archivadas, una tercera, por la que se acusaba al alcalde y al promotor, terminó absolviéndolos, al igual que la cuarta pieza, contra cinco técnicos y altos cargos de Medio Ambiente de la Administración autonómica.