En la sede del PP, donde ha acudido a la reunión de representantes de instituciones y parlamentarios, ha anunciado que se trata de terminar las obras, en un edificio que también acogerá el centro de menores de la Junta, lo que ahora es la Residencia de Protección a la Infancia Fuente Clara, situada en la calle Hornos Caleros.

Se trata de dar "un triple uso al edificio, un uso mayor, más amplio que el ya tenía, como residencia juvenil, como albergue y como centro de menores".

Por ello ha justificado que "hay que hacer una inversión muy importante", ha dicho la consejera. El presupuesto con que contó el edificio fue de 4,7 millones de euros.

Según García, "es compromiso de la Junta y del PP poner" la residencia "en funcionamiento antes de que finalice la legislatura".

La residencia, que sustituirá cuando se abra a la Residencia Juvenil Arturo Duperier, tenía que haber abierto sus puertas en 2011. Entonces quedó como se encuentra ahora, a punto de ser terminada, pero las obras no acabaron porque la empresa adjudicataria, Volconsa, cesó su actividad tras entrar en concurso de acreedores.

Próximamante

Según la consejera, la inversión "de unos dos millones de euros" se llevará a cabo "próximamente", cuando "se publicará el contrato del proyecto para concluir las obras" de cara a "ponerla en marcha antes de que acabe la legislatura".

El edificio está configurado para contar con 150 plazas, 90 de residentes y 60 de alberguistas, y preparado para compatibilizar ambas funciones en dos bloques separados, a lo que habrá que sumar ahora el centro de menores.

El anuncio se produce dos años después de que desde la Delegación de la Junta se asegurase, lo que se ha demostrado no era cierto, que trabajaban para abrir la residencia "con la mayor celeridad posible". También en 2014, la entonces consejera de Familia, Milagros Marcos, afirmó que las obras se reanudarían: "en cuanto podamos", aseveró.

Para preservar el edificio, la Junta ha adjudicado al menos en dos ocasiones contratos de seguridad del edificio. En 2014 fue un contrato de 90.000 euros para la seguridad de las instalaciones y "evitar su deterioro".